Con el propósito de evaluar algunos hechos de orden público y la presunta inclusión de menores de edad para ser entrenados en una posible participación de organizar guardias campesinas en esa zona del Caquetá, la gobernación y autoridades del departamento, en conjunto con el ejército y la policía nacional, adelantaron hoy el sexto consejo de seguridad ordinario.

 

La situación fue puesta en conocimiento ante la Comisión de Verificación, encargada de la veeduría del cese bilateral al fuego, contemplado en los Decretos 2660 y 2656.  ”Esta es una situación que nos preocupa porque la razón que se da, es que son 17 menores en esta zona del departamento del Caquetá, donde seguimos presentando estos reclutamientos y que ya hemos manifestado en diferentes ocasiones ante el Gobierno Nacional, ante los mecanismos de verificación que tenemos en el territorio; como es la Defensoría del Pueblo,  la Misión de Verificación y la MAP OEA”, advirtió la Secretaria de Gobierno, Sandra Rodríguez Pretelt. 

 

Por otra parte, indicó que en esta reunión también se trató el tema relacionado con la aparición de dragas en zona rural de los municipios de Solita y Solano, ante lo que se dio instrucción a la Fiscalía General de la Nación, tomar la declaración presentada por el Segundo Comandante de la Fuerza Naval del Sur.

 

“Esta explotación aurífera está haciendo daño a nuestros ríos, afecta la salud de quienes habitan alrededor o en las laderas de los ríos por la utilización de mercurio, el cual es perjudicial para la salud humana y para la salud de los animales que se encuentran en los ríos y que luego son consumidos por los pobladores aledaños”, manifestó la jefe de la cartera de Gobierno, quien añadió que esta situación ya se puso en conocimiento de la mesa, a fin de que la Fiscalía General, en esta zona del departamento, inicie la noticia criminal.

 

Rodríguez Pretelt afirmó que se va a implementar este tipo de denuncias, toda vez que se están presentando innumerables hechos e infracciones al derecho internacional humanitario y a los derechos humanos, donde se observa la falta de denuncias por parte de los campesinos y de la ciudadanía en general.

 

“Estas infracciones que se presentan en el marco del cese bilateral, para nosotros son importantes denunciarlas, porque no se tiene conocimiento de lo que se pueda proceder por parte de las autoridades competentes, en esto delitos que se comenten contra el medio ambiente, el reclutamiento de menores y contra otras situaciones que se vienen presentando en el departamento”, subrayó.

 

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