Las líneas estratégicas del Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana, fueron evaluadas hoy en el marco del Comité de Orden Público, convocado por directriz del Secretario de Planeación, con funciones de gobernador Ancízar Marín Correa y al que asistieron representantes del Ejército, Policía, Armada Nacional, Unidad Nacional para la Protección, Fiscalía General de la Nación y la Fuerza Aérea.

En desarrollo de la reunión, se anunció la aprobación de recursos por más de 2.000 millones de pesos, con destino a la Fuerza Pública, a la Fiscalía General de la Nación, y la ejecución de convivencia ciudadana que realiza la gobernación del departamento del Caquetá.

“Desde la gobernación del departamento nos complace informarles a todos que nuestro Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana, avanza con las metas en un 82% y continuamos aunando esfuerzos para combatir la criminalidad, para garantizar en el territorio el orden público, pese a las situaciones que se presentan en este momento en el departamento”, indicó Sandra Rodríguez Pretelt, Secretaria de Gobierno.

Agregó que de acuerdo a los lineamientos del gobernador Arnulfo Gasca Trujillo, se reiteró el llamado a la fuerza pública para el fortalecimiento en la seguridad, especialmente en las zonas rurales del departamento.

Dentro de esos recursos, se destaca un proyecto por 650 millones de pesos para la Fiscalía General de la Nación, destinados a la compra de un componente de movilidad para garantizar los desplazamientos a las escenas del crimen en los diferentes eventos que se presentan en el departamento. Además, un proyecto de 500 millones de pesos, para la sala estratégica de la Brigada 12.

Así mismo, fue aprobado un proyecto por regalías para el fortalecimiento del laboratorio de criminalística, balística, dactiloscopia y grafología de la Policía Nacional.

La jefe de la cartera de Gobierno destacó que “cabe mencionar el aporte desde el Comité de Orden Público, al laboratorio de seguridad y convivencia ciudadana, un espacio que se ejecuta desde la gobernación del departamento del Caquetá, por aproximadamente 240 millones de pesos, para fortalecer las estrategias de reclutamiento y criminalidad en contra de nuestros niños, niñas, adolescentes, jóvenes, población NARP, indígenas y población víctima en el departamento del Caquetá”.